Financiando inversión de largo plazo a todos los argentinos. ¿O sólo a los amigos?
La alta inflación reinante en pesos, y la razonable limitación para financiar localmente en moneda dura sólo operaciones vinculadas al comercio exterior a fin de evitar descalces, han nulificado el mercado argentino de capitales de largo plazo y el mercado bancario privado correspondiente. Es claro: ¿cómo prestar a largo plazo sin conocer el valor del dinero (INDEC mediante) ni poder establecer claúsulas que tiendan a su mantenimiento? La tasa de interés local a largo plazo en pesos, y en dólares equivalentes, refulgen por su inexistencia. Así, las inversiones privadas a más de 5 años, incluyendo la promoción de exportaciones y la innovación tecnológica, quedan húerfanas, libradas al roll-over de préstamos de mediano plazo.
Para llevar la oferta de fondos prestables, en general, a una magnitud significativa del PBI (Chile 94%, Brasil 69%, México 28%, Argentina 16%, fuente: Banco Mundial, 2010), se recomienda: a) estabilidad de precios, y b) tasas de interés reales positivas. A su vez, para fomentar la demanda de dichos fondos, se recomienda instaurar: c) la archimencionada y poco vista “seguridad jurídica”, y d) regímenes tributarios y e) regulatorios, amigos de la inversión. Pero aquí deseamos focalizarnos no en la teoría general del financiamiento a largo plazo, sino en algunas experiencias concretas.
Brasil
El Banco Nacional de Desemvolvimiento Economico y Social (BNDES) se fundó en 1952. A diferencia de la banca pública alemana, concentrada en PyME, el BNDES asiste fundamentalmente a grandes empresas (78% en monto), si bien 82% de la cantidad de transacciones corresponden a pequeñas empresas. Sus diez mayores clientes concentran 35% de su cartera de préstamos, superando el monto total destinado a PyME. Financia entre 25% y 80% del monto de la inversión. El plazo promedio es de 7 años, versus 7 meses de la banca privada. En 2010 aprobó nuevas operaciones por U$S 89 mil millones (6,5% del PBI), 65% bajo modalidad directa, llegando así a representar el 13% de la cartera de créditos de su país.
A diferencia del Instituto de Crédito Oficial español (que en un 80% acude al mercado interbancario y a la emisión de bonos propios entre 3 y 10 años de plazo), el BNDES, al que le está vedado captar depósitos del público, fondea 45% bajo la forma de préstamos del Tesoro Nacional (desde 2008 se incrementó sustancialmente a U$S 67 mil millones); 24% los obtiene con 40% del Fondo de Asistencia al Trabajador, administrado por representantes del capital, del trabajo y del gobierno, que se nutre a su vez del 1% de los salarios, dándose así la paradoja de que gran parte del nuevo capital se financia con un impuesto al trabajo; 11% proviene del Programa de Integración Social y otros fondos, así como depósitos interbancarios; 8% colocando bonos en el exterior; 12% con su patrimonio neto, con rentabilidad del 21% anual. Es decir que el grueso de su fondeo es cuasi-permanente.
En cuanto a la tasa de interés para el tomador, la autoridad monetaria fija una tasa de interés de largo plazo en moneda doméstica, a la que se adicionan 2,5% para el BNDES y un adicional de riesgo específico de la operación que puede llegar hasta 3,5%, según la categoría de riesgo. Hoy dicha tasa es aproximadamente de 6% + 2,5% + 3,5% = 12% anual, máximo, frente a una inflación del 6 %. Una tasa baja, pero positiva en términos reales.
El 98,5% de su cartera está calificada como de bajo riesgo, lo que evidencia la calidad de su análisis de riesgo al otorgar crédito. No por casualidad las operaciones cuentan con garantía real o personal con aforo del 30%.
El BNDES mantiene además colocaciones sustantivas en acciones y bonos de empresas brasileñas, contribuyendo así también al desarrollo del mercado de capitales.
Chile
La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) fue de las primeras instituciones latinas de financiamiento al desarrollo allá por 1939. Hoy se limita a las PyME, siendo privado el grueso del financiamiento de la inversión privada. Para que eso sucediera, el Estado creó condiciones, como por ejemplo la Unidad de Fomento (UF), para ajustar las deudas en moneda constante y de manera confiable.
México
El Banco Nacional de Crédito Agrícola data de 1926, pionero en Latinoamérica. Inmediatamente luego le siguieron una miscelánea (hoy existen seis bancos de desarrollo y veinte fideicomisos de fomento). Desde la década del 1980 el financiamiento de la banca de desarrollo pasó del 23% del PBI al 6%, una reducción proporcionalmente mayor a la de la banca privada, que se redujo del 40% al 23%.1 Ya desde la liberalización financiera de 1970, México optó por ir licuando su banca de desarrollo con un sistema financiero al estilo norteamericano, especialmente luego de la ola de incobrabilidad que surgió con la crisis de 1995, poniendo en evidencia el bajo criterio profesional con que se otorgaban los préstamos en el sistema de bancos de desarrollo mexicanos, y cuyo saneamiento comprometió las finanzas públicas hasta el fin de esa década.
Sin embargo, hace más de un quinquenio que el estancamiento económico llevó a discutir cómo reflotar la banca de desarrollo, cuyo lugar no fue ocupado por la banca privada ni por el mercado de capitales como se había planeado. Desde la crisis de 2008, el financiamiento de banca de desarrollo pasó de representar el 20% del financiamiento bancario total al 35%. Actualmente los diputados del PRI están defendiendo un proyecto de ley para unificar el capital y gestión de los varios bancos y fideicomisos de desarrollo y fomento, apuntando a disminuir costos de operación y potenciar su accionar.
Nuestra historia de familia
En Argentina, el primer banco que se propuso financiar la inversión, promoviendo las empresas industriales, fue el Banco Privado de las Provincias Unidas, fundado en 1826. Pero en la práctica sus préstamos fueron fundamentalmente para el gobierno, tornándose su emisión tan descontrolada que en 1836 el directorio del banco tuvo que realizar una quita del 20% a sus depositantes. Rosas lo disolvió ese año, creando en su lugar una Casa de Moneda que se limitaba a realizar operaciones de descuento de documentos a corto plazo y a emitir moneda para el gobierno. Recién en 1854 se la facultó a otorgar créditos para la inversión, constituyéndose en el germen del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se fundaría en 1863.
Mariano Fragueiro, primer ministro de economía de la Confederación Argentina, proponía en 1850 la estatización completa de la banca. Afirmaba: “La ley no debe autorizar el crédito entre particulares. Se trata por este medio de hacer que el Estado presida al movimiento y dirección industrial del capital monetario.” Con este ministro de economía debutamos como nación. El Banco Nacional, que fundó en 1854, duró sólo cuatro meses, dejando en evidencia que una cosa son los deseos políticos, y otra, los límites que la realidad impone.
Fragueiro no se limitaba a intentar estatizar el crédito, sino también los medios de comunicación. “La publicación de avisos que hacen las prensas por medio de los diarios, es un servicio público. ¿Por qué dicha facultad ha de estar en la industria privada y no hará parte de la industria pública?” Aspiraba a un sistema de manejo totalitario de la sociedad desde el Estado, quien controlaría así las ideas, el dinero y el crédito. Nietzche se deleitaría con este episodio, considerándolo una prueba a favor de su doctrina del eterno retorno.
Cuando en 1873 se inauguró el Banco Nacional como sociedad privada, con 10% de participación estatal, se lo facultó a descontar letras y pagarés, pero la intención nuclear era que suministrara moneda nacional y que financiara al gobierno. Las grandes obras públicas nacionales se financiaban en el mercado de capitales internacional, tales como las líneas de ferrocarriles, el puerto, la canalización del Riachuelo, las aguas corrientes, cloacas, y drenajes. Al liquidarse el Banco Nacional en 1890 como consecuencia de una fenomenal crisis, y crearse el Banco de la Nación Argentina (BNA), tampoco se planeó utilizar a éste como financiador de la inversión.
En la actualidad, su estatuto no contempla específicamente el financiamiento de la inversión a largo plazo. En concomitancia con este espíritu, de U$S 26.700 millones de depósitos recibidos, destina sólo un 25% (U$S 6.600 millones, 11% del mercado local) a préstamos al sector privado, evidenciando así su carácter eminente de agente financiero del gobierno (fuente: estados contables al 31/12/2010).
Durante la presidencia de Yrigoyen, dos proyectos para concentrar el crédito de inversión en bancos estatales fueron rechazados dos veces cada uno: el Banco Agrícola Nacional (1916-9) y el Banco de la República (1917-9), “para que la producción fuera encauzada por el Estado”. La oposición interpretó que la idea era “empapelar el país con una máquina de emisión permanente”.
En 1944 fue creado el Banco de Crédito Industrial de la República Argentina (BCI), a cargo del industrial Miguel Miranda, quien luego también se solazara dirigiendo el BCRA. Sus fondos le fueron provistos en 1946, justamente por el recién nacionalizado BCRA. Si bien hasta 1955 su volumen de préstamos duplicó el del BNA, en la práctica sólo 20% fue destinado a inversión, financiando el resto básicamente “gastos de explotación” de actividades que ni siquiera eran industriales. Hacia 1950, 50% de sus fondos estaban comprometidos al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Además, el 70% se concentró en las tres provincias más ricas. En 1970 fue absorbido por el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), cuya creación complementaba el Plan Nacional de Desarrollo 1970/4, administrado por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). Su manejo no fue nada transparente, a punto tal que importantes empresas, integrantes de grupos empresariales de algunos directores fundacionales del banco, terminaron siendo sus principales morosos: sobre una cartera al cierre de la entidad (1991) de aproximadamente U$S 6.000 millones, 99,4% era incobrable, correspondiendo el 50% a veinte de tales empresas. Lógicamente, su fondeo había sido básicamente estatal. Gran parte de las garantías que habían presentado los deudores finalmente incobrables al tramitar sus créditos, eran del propio Tesoro Nacional.
En 1992 se creó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), propiedad del BNA, que a partir de 2003 dejó de ser exclusivamente entidad de segundo piso. Luego de veinte años el volumen de préstamos al sector privado, por ambos pisos, alcanzó U$S 266 millones (sólo 38% superan dos años de plazo) (fuente: estados contables al 31/3/2011).
Por su parte, ANSeS canalizó U$S 5.000 millones a través de sus Fondos de Garantía de Sustentabilidad desde su creación hace tres años; pero al sector privado fueron U$S 100 millones. Finalmente, el Programa del Bicentenario financió inversiones privadas, precalificadas por la Unidad de Evaluación de Proyectos del PEN, por U$S 1.100 (0,3% del PBI), a un plazo promedio de tres años, con fondos del BCRA, garantizados con títulos públicos por las entidades otorgantes. Ochenta y tres por ciento correspondieron a grandes empresas.
Preguntas importantes sin respuestas claras
* ¿Por qué el financiamiento de largo plazo no podría ser suministrado por el sector privado bancario o los mercados de capitales, como en Chile o EE.UU.? Si el ambiente macroeconómico local presenta “imperfecciones” que obstaculizan dichos mercados, ¿por qué no se dedica el gobierno a corregirlas?
* Y si el gobierno no es bueno para generar un ambiente propicio (ejemplo: reducir la inflación a niveles tolerables), ¿por qué lo sería para administrar un banco de inversión y desarrollo? ¿Serían los bancos de desarrollo como “muletas” para tratar de compensar parcialmente las inhabilidades gubernamentales que impiden el surgimiento de imparciales y democráticos mercados de capitales de largo plazo?
* ¿Qué proyectos no se realizan hoy por falta de dicho banco? ¿Qué proyectos se desfinanciarían al redireccionarse estatalmente el crédito?
* El banco de desarrollo, ¿canalizaría ahorro externo o puramente interno? Esta sola pregunta daría origen a todo otro artículo (o libro). Estoy entre quienes tienden a pensar que es inútil traer ahorro externo para impulsar desarrollo, porque simplemente termina desplazando ahorro interno, al que convierte en consumo suntuario, tal como importaciones superfluas o turismo al exterior. Ya tenemos bastante con administrar eficientemente nuestro propio ahorro. En todo caso el problema es cómo aumentar el ahorro doméstico y no tratar de que ahorren otros por nosotros, para terminar simplemente consumiendo el ahorro ajeno.
* ¿Por qué canalizar todo el financiamiento de largo plazo por el banco de desarrollo estatal y no sólo el de los proyectos cuyos beneficios sociales superan los privados?
* ¿Con qué criterio se fijará la tasa de interés en pesos de largo plazo, si no puede indexarse y la inflación no está estabilizada?
Formulemos “votos” para que las experiencias en curso de planificación para la creación de un banco de desarrollo no repitan los abusos del pasado, y eviten la resurrección del ideario de Fragueiro. Si dicho ideario hubiera triunfado, Argentina habría fracasado, económica y políticamente. Y nuestro primer ministro de economía habría sido posiblemente el último.
1 Al menos 50% del crédito de desarrollo en México es a plazos menores a un año. Entonces no debe asociarse automáticamente “banca de desarrollo” con “financiamiento de largo plazo”.
Por Mario Morando, director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires; diputado porteño 2003/7; ex gerente de finanzas. Agradezco los valiosos comentarios del Dr. Jorge Scoscería, primer presidente del IAEF; y a los Dres. Jorge Caracoche, Roberto Azagra, Eduardo Ghersi y Luciano Laspina, todos éstos compañeros del Banco Ciudad de Buenos Aires, por la información suministrada.
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