Las finanzas de las comunas, un asunto bajo la alfombra (El Cronista Comercial, 11/5/2005)
La Constitución porteña estableció la descentralización de ciertas funciones hacia áreas de la ciudad denominadas comunas, con la idea de vincular parte de la decisión y la gestión públicas más directamente con los representados, tendiendo así a una mayor eficiencia y equidad. Así se le asigna con exclusividad a cada comuna el mantenimiento de las calles secundarias y espacios verdes, elaborando participativamente su presupuesto anual. Asimismo, ejercerán en forma concurrente con el gobierno central competencia sobre otras obras públicas, el poder de policía sobre espacios públicos, las mediaciones comunitarias y otras acciones de desarrollo y sociales.
A fines del año pasado, la Legislatura votó, en general, la correspondiente ley, quedando pendiente el tratamiento en particular de ciertos aspectos, entre los que se han destacado como problemáticos la cantidad de comunas (se proponen desde 1
0 hasta 47), sus límites geográficos, y la primera fecha para la elección de autoridades comunales. Asuntos éstos que debería consensuar la comisión legislativa especial de 15 diputados que comenzó a funcionar la semana pasada, preparando la inminente sesión legislativa que termine de aprobar la ley en particular, es decir, artículo por artículo.
Sin embargo, hay un asunto que ha quedado completamente bajo la alfombra en las discusiones, y es el de la organización financiera de estos nuevos entes estatales. En efecto, toda mención a dicho aspecto se reduce en el artículo 15 de la ley a una mera variación de lo que dice el artículo 129 de la Constitución: «Los recursos asignados a lascomunas deben ser suficientes para el cumplimiento de sus fines y directamente proporcionales para el desempeño de las competencias que se le atribuyen». Pareciera que hay una cierta alergia para hablar de dinero. Esta gigantesca ambigüedad representa grandes peligros.
- Indeterminación del tamaño económico. No sabemos ni siquiera someramente de qué estamos hablando. Si de comunas de juguete, con presupuestos cercanos a los de los Centros de Participación y Gestión (CGP) (un par de millones de pesos anuales), o de elefantiásicas instituciones que terminen manejando desmedidos recursos. Por eso proponemos acotarlo en la ley, para el conjunto de las comunas, paulatinamente en torno al 8% de los recursos totales de la ciudad, es decir unos $ 400 millones anuales, monto asignado en el presupuesto 2005 a las competencias exclusivas que ahora pasarían a las comunas (si se definieran 15, estaríamos hablando de unos $ 25 millones para cada una).
- Discriminación a comunas no amigas del poder central. Debe otorgárseles independencia de criterio para efectuar contrataciones de proveedores y de personal, limitándose la intervención del poder central a la comprobación de que no se exceden los presupuestos aprobados ni se incumplen las formalidades de la contratación.
- Derivación del dinero público al clientelismo por parte de la Junta Comunal. Politiquería en lugar de política. Dicho peligro se combate limitando a $ 10.000 mensuales los gastos que pueden ser abonados directamente con disponibilidades comunales (es decir, 0,5% del total), concentrando los pagos en la Tesorería central; prohibiendo que las comunas adquieran deuda financiera, constituyan gravámenes, ni efectúen o reciban donaciones, subsidios o becas, ni gastos reservados; y que necesiten el visado de todas sus contrataciones por parte del poder central, para aventar cualquier posibilidad de que, autónomamente, dejen un tendal de deudas comerciales litigiosas con terceros que terminen argumentando que contrataron de buena fe con la comuna.
- Aumento encubierto del gasto público. Una cláusula de cierre en la puesta en marcha es necesaria para asegurarnos que todo este asunto se trata de una verdadera descentralización y no de una jugadita para aumentar gasto público: el Jefe de Gobierno porteño deberá informar anualmente, en ocasión de la presentación del presupuesto, qué partidas del ejercicio inmediato anterior se reducen para transferirlo incrementalmente a las comunas.
En síntesis, debemos estar razonablemente tranquilos de haber contribuido a parir comunas en serio, como parte de un proceso de descentralización del poder político, administrativo y económico en favor de los representados, y no haber confabulado un engaño al pueblo, encima a costa de su bolsillo o de su soberanía.
Respecto al faltante capítulo de las finanzas comunales, hemos dado el primer paso mediante la presentación de una modificación al proyecto de ley. Muchas veces la norma falla porque su grado de generalidad es tal, que deja asuntos esenciales librados a las componendas del poder de turno. Se trata de meras leyes-adorno.
Mario Morando. Diputado porteño de Compromiso para el Cambio.
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